El Ayuntamiento recupera 32.570,51 euros en ejecución de la sentencia que condenó a Manuel Ruiz Lucas por prevaricación administrativa

El Ayuntamiento ha recibido un ingreso de 32.570,51 euros procedente de la Audiencia Provincial de Sevilla, correspondiente a la ejecución de la sentencia que condenó al exalcalde Manuel Ruiz Lucas por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la contratación del arquitecto Jerónimo Andreu para la redacción del proyecto de ampliación de la Residencia Municipal.

Ante las manifestaciones realizadas sobre este procedimiento judicial, el Ayuntamiento considera necesario aclarar este asunto, puesto que la versión difundida no se corresponde con los hechos acreditados por las resoluciones judiciales.

Los hechos se remontan al año 2005, cuando Manuel Ruiz Lucas, siendo alcalde, encargó al arquitecto Jerónimo Andreu la redacción del proyecto de ampliación de la Residencia sin tramitar ningún expediente de contratación ni seguir los procedimientos legales.

El arquitecto percibió parte de sus honorarios, quedando una cantidad pendiente de pago que el Ayuntamiento no abonó en 2007 al no existir un contrato administrativo válido ni haberse seguido el procedimiento de contratación exigido por la Ley.

Tras reclamar judicialmente el arquitecto dicha cantidad, los tribunales condenaron al Ayuntamiento a abonar el importe pendiente. Paralelamente, la Fiscalía inició un procedimiento penal para determinar la legalidad de aquella contratación.

Como resultado, el Juzgado condenó a Manuel Ruiz Lucas por un delito de prevaricación administrativa, imponiéndole una pena de siete años de inhabilitación y la obligación de indemnizar al Ayuntamiento por los perjuicios ocasionados.

Una vez firme la sentencia, el exalcalde ingresó judicialmente los 32.570,51 euros, cantidad transferida posteriormente por la Audiencia Provincial a las cuentas municipales.

Este ingreso no responde a un nuevo procedimiento, sino a la ejecución de una sentencia firme que obliga al exalcalde a resarcir al Ayuntamiento por los perjuicios derivados de una contratación que los tribunales declararon realizada al margen del procedimiento legal.

En relación con este asunto, el alcalde, José Manuel Carballar, ha manifestado que “en ningún momento llegó a redactarse ningún proyecto de ampliación de la Residencia, ya que no podía ejecutarse al estar prevista sobre unos terrenos calificados como zona verde”.

Asimismo, ha recordado que “la contratación se realizó a dedo y al margen de cualquier procedimiento administrativo, por lo que la única intención del Grupo NIVA con el reparto de su boletín es seguir mintiendo y seguir confundiendo a los vecinos sobre un asunto que la Justicia ya ha resuelto”.